OHCHR / NICARAGUA ONG
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STORY: OHCHR / NICARAGUA ONG
TRT: 01:52
SOURCE: OHCHR
RESTRICTIONS: NONE
LANGUAGE: SPANISH / NATS
DATELINE: 20 AUGUST 2024, GENEVA, SWITZERLAND / FILE
FILE - GENEVA, SWITZERLAND
1. Various shots, exterior, Palais des Nations
20 AUGUST 2024, GENEVA, SWITZERLAND
2. SOUNDBITE (Spanish) Liz Throssell, Spokesperson, Office of the UN High Commissioner for Human Rights (OHCHR):
“La decisión de las autoridades nicaragüenses de cancelar otras 1,500 organizaciones de la sociedad civil - aproximadamente la mitad de ellas asociaciones religiosas - es profundamente alarmante. Más aún, en un país que ha visto el espacio cívico severamente erosionado en los últimos años y restricciones indebidas a la libertad religiosa. Con estos cierres anunciados oficialmente el lunes, más de 5,000 organizaciones, entre ellas ONGs, medios de comunicación y universidades privadas, han perdido su personalidad jurídica. En Nicaragua, la mayoría de ellas, desde finales de junio de 2022, todos sus activos quedaron bajo el control del gobierno. El grave impacto de estas medidas sobre los derechos a la libertad de asociación y expresión, así como sobre la libertad religiosa, hace cada vez más difícil la defensa de los derechos humanos en Nicaragua. De las organizaciones de la sociedad civil que siguen funcionando, muchas han optado por la autocensura o la disolución en medio de leyes restrictivas. Hacemos un nuevo llamado a las autoridades nicaragüenses a que dejen de imponer severas restricciones a los espacios cívicos y democráticos en el país y a que garanticen el respeto a los derechos humanos de conformidad con las obligaciones internacionales de Nicaragua en materia de derechos humanos.”
FILE - GENEVA, SWITZERLAND
3. Wide shot, exterior, Palais des Nations
La portavoz de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Liz Throssell, dijo hoy (20 Aug) que la decisión de las autoridades nicaragüenses de cancelar 1,500 organizaciones de la sociedad civil, aproximadamente la mitad de ellas asociaciones religiosas, “es profundamente alarmante.”
Throssell dijo, “con estos cierres anunciados oficialmente el lunes, más de 5,000 organizaciones, entre ellas ONGs, medios de comunicación y universidades privadas, han perdido su personalidad jurídica.”
En Nicaragua, continuó diciendo la vocera, la mayoría de las ONGs “desde finales de junio de 2022, todos sus activos quedaron bajo el control del gobierno.”
Throssell dijo, “el grave impacto de estas medidas sobre los derechos a la libertad de asociación y expresión, así como sobre la libertad religiosa, hace cada vez más difícil la defensa de los derechos humanos en Nicaragua.”
La oficina de derechos humanos hizo “un nuevo llamado a las autoridades nicaragüenses a que dejen de imponer severas restricciones a los espacios cívicos y democráticos en el país y a que garanticen el respeto a los derechos humanos de conformidad con las obligaciones internacionales de Nicaragua en materia de derechos humanos.”
STATEMENT IN ENGLISH:
The decision by the Nicaraguan authorities to ban a further 1,500 civil society organisations, about half of them religious associations, is deeply alarming, all the more so in a country that has seen civic space fundamentally eroded in recent years and undue restrictions on religious freedom.
With these closures, officially announced on Monday, more than 5,000 organisations, including NGOs, media outlets and private universities, have now had their legal status cancelled in Nicaragua, most of them since the end of June 2022. All of their assets are under Government control.
The severe impact of these measures on the rights to freedom of association and expression, as well as freedom of religion, makes the defence of human rights increasingly difficult in Nicaragua. Of those civil society organisations still functioning, many have opted for self-censorship or dissolution amid restrictive laws curtailing their activities.
We once again call on the Nicaraguan authorities to stop imposing severe restrictions on civic and democratic spaces in the country, and to ensure that human rights are respected, in line with Nicaragua’s international human rights obligations.









